Por Alejandro Reyes (@AReyesAnalisis)
El aire en Bucaramanga, ya denso por ser la ciudad con la inflación más alta de Colombia (7.01% anual en marzo), se ha cargado aún más. Al malestar ciudadano por el reciente anuncio de la Tasa de Seguridad departamental y la inminente reforma tributaria municipal, se suma ahora un nuevo ingrediente que añade tensión y frena, al menos temporalmente, el desenlace político: una recusación masiva.
El Fantasma del Acuerdo y el Sitio Web Caído
La desconfianza ya venía fermentando. El elusivo «Proyecto de Acuerdo 031 de 2025», como se le conoce popularmente (aunque oficialmente parece ser una modificación al Decreto 040 de 2022), sigue sin aparecer claramente publicado. La página web del Concejo Municipal, que debería ser el epicentro de la transparencia, el proyecto de acuerdo no se encuentra.
La Reforma que Tensa la Ciudad
Recordemos los puntos que han generado la controversia:
1. El Impuesto a la Nube: Un ICA del 9‰ (0.9%) para plataformas digitales (transporte, domicilios, streaming, e-commerce), con el temor ciudadano de que el costo se traslade al consumidor final y afecte a pequeños emprendedores locales.
2. Delineación por las Nubes: El drástico aumento al impuesto por licencias de construcción, que tiene a Camacol denunciando alzas superiores al 800% para VIS y vaticinando una parálisis del sector constructor, vital para el empleo local.
3. Nuevas Tasas y Estampillas: Incluyendo una Tasa Pro-Deporte y ajustes a las estampillas Pro-Adulto Mayor y Procultura.
Giro de Guion: La Recusación Masiva
Justo cuando se esperaba el debate final en la plenaria del Concejo, tras superar el primer filtro en comisión y una audiencia pública seguramente caldeada (aunque cuyos detalles son difíciles de confirmar con la web caída), irrumpe un nuevo actor en escena. El Diputado de Santander, Danovis Lozano, radicó el 29 de abril, una recusación formal contra la totalidad de los concejales de Bucaramanga, pidiendo que se abstengan de votar el Proyecto de Acuerdo 031.
¿El argumento? Un presunto conflicto de intereses generalizado. Lozano sostiene que todos los concejales, como ciudadanos y en muchos casos como empresarios (o con familiares directos que lo son en rubros como transporte, víveres, mascotas, etc.), serían sujetos pasivos o se verían afectados por los nuevos impuestos, especialmente el ICA digital. Menciona incluso casos específicos, como el del Concejal David Cabanzo (constructor), Oscar Díaz Layton (cónyuge constructora) y Tito Rangel (vendedor e-commerce de su iglesia), cuyos intereses particulares podrían nublar su juicio al votar. Alega también que algunos concejales podrían tener procesos sancionatorios pendientes en Hacienda, tema que toca la reforma.
Lozano solicita que los concejales acepten la recusación o, en su defecto, que el caso sea elevado a la Procuraduría. Este movimiento congela, en la práctica, la votación inminente y añade una capa de complejidad legal y política al ya tenso panorama.
Justificación Oficial vs. Realidad Ciudadana
Mientras la administración Beltrán insiste en la narrativa de modernización, equidad y necesidad de fondos para el Plan de Desarrollo, la recusación parece dar voz a la percepción ciudadana de que la reforma, más allá de sus objetivos declarados, es un golpe al bolsillo en el peor momento posible. La inflación sigue siendo la principal preocupación en las calles, y el argumento de gravar a las «grandes plataformas» no aplaca el temor de que, al final, la cuenta la paguen los usuarios y los pequeños actores locales.
El Futuro Inmediato: Incertidumbre en el Concejo
Con la recusación sobre la mesa, el futuro inmediato de la reforma tributaria se vuelve incierto. ¿Aceptarán los concejales el impedimento? ¿Se pronunciarán individualmente sobre sus posibles conflictos de interés? ¿Cuánto se retrasará la votación mientras se resuelve este nuevo nudo gordiano? El Concejo, que ya enfrentaba un debate polarizado, ahora debe navegar también por aguas procesales turbulentas.
Entre la Necesidad Fiscal y la Crisis de Confianza
La historia de esta reforma tributaria en Bucaramanga es un microcosmos de los dilemas que enfrenta la gestión pública en Colombia hoy. La necesidad de recursos es real, pero también lo es la fatiga fiscal de una ciudadanía golpeada por la inflación y la desconfianza generada por procesos percibidos como opacos o apresurados. La recusación añade una advertencia sobre la importancia de la ética pública y la separación entre el interés general y el particular en la toma de decisiones.
Más allá del resultado final —sea la aprobación, el hundimiento o la modificación profunda de la reforma—, este episodio deja una lección sobre la importancia crucial de la transparencia, la participación efectiva y la sensibilidad social al momento de legislar sobre el bolsillo ciudadano. Bucaramanga, la ciudad más cara del país, no solo debate impuestos; debate su modelo de gobernanza y la confianza en sus instituciones.
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