Por Rafael Picón Sarmiento (X @Rafaelpicon_ )

 

En Santander los contratos ya no solo se ejecutan con rapidez… ahora también desaparecen a velocidad de crucero. Este es el caso del contrato de transporte aéreo del Gobernador, suscrito el 26 de julio de 2024 por 2.000 millones de pesos, y que —como si los recursos públicos fueran combustible infinito— fue adicionado el 3 de diciembre con otros 1.000 millones. ¿El resultado? Un gasto de 3.000 millones en menos de cinco meses, con un tramo final de ejecución que parece más una maniobra de escape que una política pública.

Desde el primer mes, la ansiedad por estrenar helicóptero fue evidente. Solo en agosto, según el informe de actividades No. 1, se realizaron vuelos los días 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28 y 29. Una especie de “gira de Rockstar” con más despegues que resultados. Resultado: en ese mes se facturaron $723 millones, el 36% del contrato. En septiembre fueron otros $551 millones, y así, para noviembre ya se habían ejecutado $1.778 millones: el 88% del presupuesto.

Pero el golpe final llegó el 3 de diciembre, cuando la Gobernación firmó un adicional por $1.000 millones, dejando apenas 27 días para ejecutarlo, sin descontar las festividades de fin de año. Y es aquí donde empiezan las turbulencias más serias.

Para intentar esclarecer qué ocurrió, al cierre de esta columna presenté un derecho de petición dirigido al Gobernador Juvenal Díaz y a la Secretaría Administrativa, con copia a la Procuraduría General de la Nación, ya que en la revisión efectuada en la plataforma SECOP no se encontró publicado ni el Informe de Actividades de diciembre (N.º 5) ni el acta de liquidación del contrato. Documentos esenciales para conocer cómo se ejecutaron más de $1.221 millones en menos de un mes, y cuya ausencia —al menos en lo consultado— sigue generando más preguntas que respuestas.

Más grave aún: en los documentos descargados del expediente contractual, el Adicional No. 01 por MIL MILLONES DE PESOS no contiene la firma del contratista. En este caso, quien debía firmar era Santiago Triviño López, designado el 6 de septiembre como nuevo representante legal de la Unión Temporal, menos de tres meses después de que el contrato fuera suscrito inicialmente por Juan David Restrepo Botero. Este relevo —tan acelerado como llamativo— resalta a la vista: en pleno desarrollo del contrato, la Unión Temporal modifica su representación legal justo antes de firmar un adicional por una suma millonaria. Si bien estos cambios son legalmente posibles, exigen especial rigor jurídico y máxima transparencia documental. Sin la firma de Triviño en el adicional, dicho documento no estaría legalmente perfeccionado, y cualquier ejecución o pago derivado de él sería, como mínimo, jurídicamente cuestionable.

Y como si fuera poco, la Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024 se constituyó con una fórmula que ya levanta sospechas en cualquier pliego serio: una empresa con el 99% de participación (Helicol) y otra con apenas el 1% (Volar S.A.S.). Una figura legal que en el papel es válida, pero que en la práctica parece diseñada para trasladar experiencia, cumplir formalismos y acomodar intereses. Un socio aporta todo, el otro firma al lado. Una UT hecha al milímetro, como si el contrato ya tuviera nombre desde antes de abrirse.

 

Y mientras tanto, la justificación del contrato era clara: debía servir para “garantizar la presencia institucional en todo el territorio del Departamento de Santander”. Pero los registros de vuelo muestran algo distinto: viajes a Bogotá, Cartagena, Cali, Ibagué, Armenia, Tunja y Puerto Berrío. ¿Eso también hace parte del “territorio santandereano”? ¿A eso se refieren con presencia institucional?
Aquí surgen preguntas serias: ¿Qué pasaría si el Gobernador sufre un accidente en uno de esos trayectos por fuera del objeto contractual? ¿Responderían las pólizas contractuales? ¿Quién asumiría la responsabilidad jurídica, administrativa y fiscal? Estas no son conjeturas paranoicas: son escenarios que cualquier contrato público bien estructurado debería prever.

Este caso debe activar todas las alarmas. Si un contrato de 3.000 millones se puede ejecutar sin planeación clara, adicionando mil millones finalizando el año, sin firma del contratista, sin publicar el informe de ejecución final y sin respetar su propio objeto, ¿Cuántos más estarán volando bajo el radar?

 

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Por Rafael Picón Sarmiento (X @Rafaelpicon_ )
Política: Sin anestesia.
Abogado, Estratega Político.
Especialista en Gobierno del Territorio, Contratación Estatal y Derecho Público