Por Alejandro Reyes
Un Regalo Envenenado para un País en Clima Electoral
En una decisión que sacude el ya convulso tablero político colombiano, la Corte Constitucional acaba de regresar la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) a la Cámara de Representantes, frenando en seco su inminente entrada en vigencia, programada para el 1 de julio de 2025. La razón, en apariencia, es un mero formalismo: un «vicio de trámite» que obliga a la Cámara a repetir una votación clave. Sin embargo, bajo este tecnicismo subyace una bomba de tiempo política que reabre uno de los debates más álgidos del Gobierno Petro en un ambiente radicalmente más hostil y polarizado que el de hace un año.
La Corte fue clara: la reforma no ha sido «tumbada». Se le ha otorgado al Congreso una oportunidad de oro para subsanar un error procedimental, dándole un plazo de 30 días hábiles para volver a discutir y votar una proposición sustitutiva que en su momento fue ignorada. Con esta decisión, también se suspende la entrada en vigencia de la ley hasta que el alto tribunal se pronuncie definitivamente, y, crucialmente, se abre la puerta para que el Legislativo defina una nueva fecha de implementación.
Este giro de los acontecimientos nos obliga a plantearnos interrogantes que van más allá de lo jurídico: ¿Es la Colombia de mediados de 2025, a un año de las elecciones presidenciales, la misma de 2024, cuando la reforma fue aprobada? La respuesta es un rotundo no. El clima político se ha enrarecido. Las grandes reformas sociales del Gobierno han sido torpedeadas o desfiguradas en el Congreso, y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se encuentra en su punto más bajo. A esto se suma la constante amenaza del presidente de recurrir a mecanismos como las consultas populares por decreto para saltarse lo que considera un bloqueo institucional.
En este nuevo escenario, ¿cómo será el ambiente en el Congreso? La devolución de la reforma pensional se convierte en un campo de batalla inesperado. Para la oposición, es una oportunidad inmejorable para asestar un golpe definitivo a uno de los proyectos insignia del Gobierno, exhibiendo su poder y marcando el terreno para la contienda electoral. Para el oficialismo y sus cada vez más escasos aliados, será una prueba de fuego para demostrar si aún conservan la capacidad de articular mayorías y salvar una ley que consideran vital para el «Cambio por la Vejez».
La gran pregunta es si en los pasillos del Capitolio primarán los intereses de los colombianos o si seremos testigos de una descarnada medición de fuerzas. ¿Aprovecharán los congresistas esta segunda oportunidad para tener un debate sereno, para ajustar los detalles técnicos de una reforma que afectará a millones de futuros pensionados y para pactar una fecha de entrada en vigencia que sea responsable fiscal y socialmente? ¿O, por el contrario, la discusión se convertirá en una guerra de trincheras, donde cada voto será un cálculo político con miras a 2026?
La sombra de la confrontación entre poderes sin duda planeará sobre cada debate. La amenaza presidencial de «gobernar por decreto» o de convocar al pueblo a las urnas puede generar dos efectos contrarios: por un lado, podría presionar a algunos sectores a negociar para evitar una crisis institucional mayor; por otro, podría envalentonar a la oposición más férrea, que verá en la decisión de la Corte una reivindicación del rol del Congreso como contrapeso legítimo a lo que califican como «ímpetus autoritarios».
La Corte Constitucional, con su fallo, no solo ha pausado una ley; ha reiniciado el reloj de la contienda política. Lo que suceda en los próximos 30 días hábiles en la Cámara de Representantes será un claro indicativo de la madurez de nuestra clase dirigente. Sabremos si son capaces de separar la urgencia de asegurar un sistema pensional viable para millones de colombianos de la pugnacidad y los cálculos electorales que hoy tienen al país en vilo. El futuro pensional de Colombia, lamentablemente, dependerá menos de la técnica actuarial y más de la aritmética de la polarización.
